El senador Armando Traferri dio otro paso en su contraofensiva político judicial al requerirle a la fiscal regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, el apartamiento de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra de la causa en su contra.
Oscar Romera y Juan Murray, asesores letrados del legislador, presentaron un extenso escrito – más de 80 páginas- ante la fiscal Regional de Rosario donde hacen graves consideraciones sobre estos dos funcionarios: han “faltado a su deber de actuación objetiva de una forma grave y manifiesta, de manera tal que han comprometido severamente el desempeño de su actuación”, al menos en la causa en la que se acusa al senador.
Esto ocurre un día después de que el Senado aceptara el pedido del legislador para poder presentarse a declarar y probar su inocencia en la denominada causa del juego clandestino. «Se decidió esperar a que pasen las elecciones provinciales para reaccionar. No queríamos que hubiera ninguna especulación política», explicaron
En el mismo sentido, pidieron que, antes de la resolución, Iribarren convoque a audiencia pública para poder “explicarle, puntualizarle y ampliarle los motivos que aquí se exponen para solicitar el apartamiento”.
Traferri también apuntó contra Perotti. Involucró al gobernador en el origen de la avanzada judicial que lo complicó en esas graves acusaciones. Es la primera vez que el nombre del mandatario aparece en letra impresa sobre un documento de índole penal, con una acusación que Fiscalía deberá evaluar.
El desarrollo del escrito se divide en tres apartados.
El primero de ellos, denominado “Objetivo Traferri«, pone en evidencia cómo una disputa política fue el detonante para que, desde el MPA, con impulso del Ministerio de Seguridad, se persiguiera al legislador. Allí, por ejemplo, se encuentran testimonios de trabajadores del Organismo de Investigaciones quienes recibían órdenes de “llevarse puesto” al senador.
En resumen, lo que suele llamarse un «carpetazo» contra el senador por parte del perottismo, con el entonces ministro de Seguridad, Marcelo Sain, el Organismo de Investigación (OI) del MPA y los fiscales mencionados como ejecutores.
Traferri había declarado en su momento: «Desde el inicio tenía claro la forma arbitraria de conducir una investigación en mi contra por parte de los fiscales Edery y Schiappa Pietra, con desapego a la objetividad, buena fe, lealtad, y legalidad. Y que detrás de la maniobra estaba el por entonces ministro de Seguridad Marcelo Sain.
Había mucho interés en encontrar algo que perjudique a Traferri”, declaró ante la Justicia uno de los integrantes del OI en el marco de la Causa de Espionaje Ilegal. Otro agregó: “Después derivó en actores de la política como Traferri, a quien nombraban todo el tiempo y querían llevar puesto”.
Por lo cual, los abogados afirmaron en su presentación que las acciones de los fiscales “responden a una matriz de ilegalidad en donde los rastros de sus desvíos han quedado esculpidos en piedra”. Y agregan que el accionar evidencia “una visible actitud desleal y de mala fe, cuando no, manifiestamente contrarios a la Constitución Nacional y Provincial, y a las leyes cuyo cumplimiento les incumbe observar” a funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Tal es así que en el segundo de los apartados se llama “Fiscales y su relación con Sain y otros/as actores”. En este se informa que la relación que mantenía el exministro (y director del OI en licencia) y su grupo de trabajo excedía largamente un vínculo institucional.
La información recabada en el peritaje de los dispositivos electrónicos incautados en el allanamiento al Ministerio de Seguridad da cuenta de un intercambio cotidiano, en el que los fiscales recibían órdenes y recomendaciones de Sain y, a la vez, reportaban su trabajo a él y también se consigna que los funcionarios del Ministerio solicitaban, y los fiscales proporcionaban, información sensible sobre investigaciones en curso.
Finalmente, el tercero de los apartados, llamado «El sumario de Cotichini«, desglosa el proceso disciplinario realizado por la Auditoría del MPA contra Débora Cotichini, ex jefa de Inteligencia del OI, que permitió destapar el espionaje ilegal. En esta causa, justamente, el senador Traferri es querellante, ya que está probado para la Justicia que fue una de las víctimas.
El Dr Oscar Romera en diálogo con «Un día de Gloria»
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