Santa Fe empezó un proyecto de nuevos ingresos a las terminales portuarias del Gran Rosario. Algunas se realizarán a través de colocación de deuda y llevará más tiempo su implementación, mientras que otras ya empezaron.
Una de las obras que comenzó es un desvío que une la ruta provincial 91 y la ruta nacional 11. Sin embargo, el pasado viernes, la comuna de Oliveros clausuró la obra. El presidente comunal, Martín Calori, adujo que no estaba habilitada por falta de documentación.
En el fondo, la discusión es otra. La discusión es la caja que cobran los municipios portuarios a través de una tasa vial de sobrepeso y mantenimiento de los caminos de ingreso a las terminales que significa un volumen importante de recaudación. Si la provincia de Santa Fe se queda con la recaudación, los municipios pierden esos fondos.
La provincia no tardó en responder y el administración general de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, confirmó que se reiniciarían las obras previa la presentación de los papeles que requiere la comuna .
El juez de Faltas, Federico Martínez, y el apoderado general de la comuna, Sebastián Darrichón, se presentaron el último viernes en el obrador de la empresa Agrovial, acompañados de la fuerza policial, y le cruzaron la faja de clausura porque la firma contratista no había presentado un solo papel que la habilitara a trabajar en el distrito de Oliveros.
“Oliveros no se opone a la construcción de la nueva traza”, aclaró Darrichón, quien sostuvo que “hace 60 días el juez de Faltas comunal se presentó ante la empresa y le notificó que debía entregar la documentación de la obra. La empresa hizo oídos sordos”.
La legislación respalda la posición de Oliveros, y también los términos del pliego de licitación de la obra en cuestión: “En el artículo 41 del pliego, de manera explícita, se indica que la empresa contratista tiene que hacer todas las gestiones ante Nación, provincia y municipio para llevar adelante la obra”. contó el letrado
El Dr Sebastián Darrichón en diálogo con «Un día de Gloria»
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