Sain, imputado como jefe de una asociación ilícita, entre otros 20 delitos. «Un hecho de gravedad inusitada» sostiene el diputado Candido.

Marcelo Sain y otros ex siete funcionarios del Ministerio de Seguridad y del Organismo de Investigaciones (OI) del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe fueron imputados ayer martes en Tribunales de Santa Fe.

Al ex ministro le atribuyeron una veintena de delitos, entre ellos el rol de jefe de una asociación ilícita dedicada a realizar tareas de inteligencia sobre dirigentes políticos, empresarios, dirigentes sindicales, militantes opositores y funcionarios judiciales, entre otros.

Las audiencias fueron en libertad, con lo cual no hubo imputación ante un juez, y se desarrollaron en la oficina de la Fiscalía de Delitos Complejos del MPA de la primera circunscripción.

En la acusación, la Fiscalía les atribuyó a los imputados formar parte en una asociación ilícita, de carácter permanente, estable y organizada, conformada por funcionarios públicos del Ministerio de Seguridad de Santa Fe y del Organismo de Investigaciones con el objeto de cometer diversos delitos contra la administración pública y personas humanas y jurídicas.

Según la acusación formulada por los fiscales Ezequiel Hernández y Federico Grimberg, dicha organización delictiva poseía estructura piramidal y era encabezada por Sain en carácter de jefe, seguido por Schujman en rol de organizadora en el Ministerio de Seguridad, y por Cotichini como organizadora en el Organismo de Investigaciones.

En el marco de dicha asociación ilícita, el jefe y las organizadoras diseñaron, pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo un sistema destinado a cometer y permitir la comisión de delitos, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad de los involucrados, refiere la investigación de la Fiscalía Regional Santa Fe.

El diputado Juan Cruz Candido en comunicación con «Un día de Gloria». «El hecho es de una gravedad inusitada en la Provincia de Santa Fe. Un escándalo que no tiene precedentes»

Refiere la investigación que Sain también utilizó para fines ajenos a la prevención en seguridad y la investigación penal (ya sea para fines políticos partidarios, para hostigar o intimidar a rivales políticos o funcionarios, empresarios y profesionales con los que disentía públicamente), la información personal cuya obtención ilegal ordenó.

Además, según los fiscales de la ciudad de Santa Fe, utilizó información obtenida en el marco de investigaciones penales violando el deber de reserva. Asimismo coordinó acciones con los organizadores y demás miembros de la asociación ilícita (mediante conversaciones cotidianas, reuniones periódicas, comunicaciones telefónicas y por aplicaciones de mensajería) para el montaje y funcionamiento de la estructura destinada a recopilar ilegalmente información de personas físicas y jurídicas.

El ex ministro de Seguridad dispuso de los medios económicos necesarios para sustentar el funcionamiento de la organización delictiva mediante la utilización de las partidas de gastos reservados de la Secretaría de Control, la contratación de servicios a nombre del Ministerio de Seguridad (Sudamericadata, Veraz y NOSIS, entre otros), la contratación de Agustina Moulins y Milagros Bernard por parte del mismo Ministerio, la disposición de las oficinas públicas, su mobiliario, recursos e insumos, describe Fiscalía.

Dictó órdenes abusivas y contrarias a la legislación, sigue el MPA, a integrantes de la asociación ilícita y miembros de fuerza de seguridad para que apliquen violencia contra personas privadas de su libertad (a fin de obtener información o por el sólo hecho de causarles sufrimiento) y omitió deliberadamente (y ordenó a funcionarios a su cargo hacerlo) el debido control del accionar policial abusivo y violento cuando este era dirigido contra determinadas personas, añadieron.

Además de la acusación por conformar una asociación ilícita, a Sain y sus ex funcionarios le atribuyeron realizar acciones de inteligencia prohibidas por la ley 25520, consistentes en obtener información, producir inteligencia y almacenar datos sobre personas por el sólo hecho de sus acciones privadas, opinión política, adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o laborales y por actividades lícitas.

Con ello, dice la Fiscalía Regional Primera, procuraron además influir en la situación institucional, política, policial y social de la provincia de Santa Fe, así como influir en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión y en asociaciones y agrupaciones de la provincia de Santa Fe.

Ello fue realizado además sin respetar los principios de necesidad y pertinencia, utilidad, proporcionalidad y legalidad de la inteligencia criminal, acusaron, y describieron que, a su vez, divulgaron información reservada adquirida en ejercicio de sus funciones sin que medie orden o dispensa judicial.

Tales actividades eran desarrolladas accediendo a bases de datos públicas y privadas (tanto abiertas como de acceso restringido), a información de medios de comunicación y redes sociales, datos brindados por personas que actuaban como informantes y se desempeñan en ámbitos públicos y privados (policías, empresarios, periodistas), acceso a legajos y expedientes penales, a evidencias obtenidas en investigaciones penales, “tareas de calle”, entre otras.

Con los datos así recabados se confeccionaban informes de inteligencia que documentaban, reunían, sistematizaban y valoraban toda la información obtenida de una persona o grupo de personas determinadas, los cuales eran llamados por los propios imputados “informes”, “perfiles” o “dossier”. Los mismos contenían también información e imágenes de la persona humana obtenidas de la base del Renaper, de sus redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin) y medios de comunicación.

Los fiscales Hernández y Grimberg señalaron que al menos a partir del 30 de diciembre de 2019, la asociación ilícita -que incluso se prolongó luego de la renuncia de Sain como ministro- se dedicó a obtener información, producir inteligencia y almacenar datos sobre el antecesor de Sain en el cargo Maximiliano Pullaro -uno de los querellantes en la causa- y su entorno familiar y político, por el solo hecho de su pertenencia político-partidaria.