Nicolás del Mastro, delegado centro del Comité contra la Trata hace un análisis en «Un día de Gloria» de los casos que el equipo ha trabajo en las ciudades de la región
Admite que la causa que involucra a Miriam Soto -alias Mamu-, actualmente detenida en un penal está demorada en la justicia federal
Nicolas del Mastro en diálogo con «Un día de Gloria»
Una investigación de más de dos años derivó en octubre de 2018 en un allanamiento en San Lorenzo al cabo del cual la Gendarmería detuvo a la mujer apuntada como líder de una banda de al menos 12 personas que cometía los delitos utilizando como base un drugstore de calle Oroño al 800.
Junto con ella fueron detenidas otras 5 personas que fueron indagadas este miércoles por el juez Marcelo Bailaque. Desde el fuero federal detallaron que si bien el intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, no fue citado a indagatoria, sigue vinculado a la investigación.
Los seis detenidos por la causa judicial por explotación sexual a mujeres , a la que se le sumó la de venta de drogas en San Lorenzo prestaron declaración ayer en la Justicia Federal y quedaron detenidos.
El juzgado 4 de los Tribunales Federales de Rosario llevó adelante la investigación disparada por una denuncia radicada en San Nicolás: una joven relató que fue captada por una mujer a la que identificó por su apodo, Mamu. Dijo que se había separado de su pareja en un contexto de violencia de género y recaló, en la búsqueda de un empleo, en el negocio de San Lorenzo. La denunciante apuntó que desde allí se organizaba un negocio ilegal de prostitución y venta de drogas prohibidas. Agregó que incluía a transportistas encargados de llevar a los clientes –la mayoría desde el puerto sanlorencino– y a las chicas hasta tres hoteles también bajo sospecha de integrar la organización.
En el proceso de averiguaciones judiciales aparecieron además testimonios sobre la participación de miembros de fuerzas de seguridad –un policía provincial y un miembro de la Guardia de Infantería– y una posible complicidad del gobierno local con la banda, en este caso como “protector” y garante de impunidad. Las presunciones de encubrimiento llegan hasta la cabeza del Ejecutivo local: Raimundo.
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