Bullrich presentó un protocolo antipiquetes que incluye a todas las fuerzas federales: qué pasará en el cordón industrial.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó este jueves «un protocolo para el mantenimiento del orden público» con el fin de asegurar la libre circulación ante la organización de piquetes o bloqueos, lo cual derivó en el repudio de agrupaciones sociales y dirigentes políticos que consideraron a la medida como «inconstitucional» y una «amenaza» ante una posible conflictividad social tras las medidas del Gobierno.

Bullrich anunció que «las cuatro fuerzas federales» podrán intervenir «si hay un delito flagrante» durante las manifestaciones en la vía pública y que el nuevo protocolo incluirá la identificación de quienes corten arterias, la aplicación de las leyes que contemplan hasta penas de prisión y el cobro de los gastos que demande la intervención de las fuerzas de seguridad a las organizaciones que violen la normativa.

«Las cuatro fuerzas federales y el Servicio Penitenciario Federal van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple«, dijo Bullrich durante una presentación ante la prensa en la sede de la cartera de Seguridad, en Gelly y Obes 2289, en el barrio porteño de Recoleta.

Bullrich remarcó que el Gobierno tiene «una decisión tomada» de que «la forma de pedir o buscar un beneficio social» ya no es «por la vía del corte».

«Sepan que si se toma la calle va a haber consecuencias. Vamos a ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz», señaló.

Al conocerse el anuncio, distintos dirigentes y organizaciones políticas repudiaron el protocolo al calificarlo de «inconstitucional», una «amenaza» a gremios y movimientos sociales y advirtieron que «cuando hay semejante nivel de agresión» contra los sectores populares «inevitablemente se producen protestas sociales».

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