Armando Traferri en diálogo con «Un Día de Gloria» plantea una serie de definiciones políticas a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe sobre el régimen disciplinario vigente para los fiscales de la provincia. De esta manera el máximo tribunal de la provincia sostiene que la Legislatura tiene potestad para investigar y sancionar a los fiscales.
«Se trata de una campaña mediática organizada por estos fiscales y algunos sectores políticos» indica el legislador que acusó a los fiscales del MPA de “persecución” en su contra y les atribuye los delitos de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”
«Algunos medios de comunicación quieren confundir a la gente sobre la resolución de la Corte. La ley ya autorizaba la investigación legislativa al fiscal general y a fiscales regionales».
La norma en discusión es la 13.807, sancionada a fines de 2018, que otorga a la Legislatura el poder de evaluar la conducta de los miembros del Ministerio Público de la Acusación si las faltas fueron graves, sancionarlos y eventualmente destituirlos. La decisión del máximo tribunal ahora ratifica la validez de esta normativa que se aplicará para los procesos que se deban tratar a futuro
Todo comenzó con la investigación que comenzó a realizar la Legislatura sobre el fiscal Adrián Spelta, a partir de la excarcelación de Emanuel “Ema Pimpi” Sandoval, condenado por el atentado contra el entonces gobernador Antonio Bonfatti en 2013 e implicado en una causa de drogas por el intento de un triple homicidio. Pero este no es el único fiscal denunciado. «Hay muchos más», aclara Traferri y explica el mecanismo por el cual un fiscal puede ser investigado y eventualmente sancionado que pasa por una serie de pasos en el que están involucrados distintos actores judiciales y legislativos.
El fallo de la Corte también impactaría en el pleito que mantiene desde el año pasado el senador contra los fiscales rosarinos quienes en su momento lo involucraron en la causa que investiga el funcionamiento de redes de juego clandestino en territorio provincial.
Ahora los fiscales la inconstitucionalidad del artículo 27 del Código Procesal Penal de la provincia que impide que un legislador provincial pueda ser imputado en una causa penal, sin el aval de la Cámara Legislativa. «Esa norma está anclada en la Constitución de Santa Fe y los fueros pertenecen a la legislatura por lo que es inaceptable ese pedido»
«Fue una campaña mediática de los fiscales sumado a intereses políticos para tenerme todos los días en boca de todo el mundo cuando en realidad siempre estuve al frente de denuncias en contra de la mafias en el departamento» indica Traferri
«Hay que tener paciencia. El tiempo va poniendo cada cosa en su lugar» asegura, haciendo referencia a la serie de denuncias que tuvo que enfrentar estos últimos tiempos por parte de los fiscales Edery y Schiappa Pietra. Y que, sostiene, no dejó que repercutiera sobre su labor legislativa que continuó adelante durante estos años pero indudablemente dejó secuelas en su vida familiar y personal.
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