A pesar de los esfuerzos de todos los sectores, la causa Vicentín sigue empantanada en la justicia y el temor es que finalmente termine en la extranjerización de la empresa o en el peor de los casos en la quiebra de la misma.
Consultamos a la diputada y vicepresidenta primera de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Lucila De Ponti sobre el estado actual de la causa que indica que hay distintas posibilidades que se manejan fuera del ámbito judicial para el futuro de Vicentin que involucran a los distintos sectores que forman parte del proceso productivo, los acreedores granarios, la provincia.
«No se puede perder un actor del volumen de Vicentín» apuntó en algún momento la legisladora, aludiendo a las posiciones que en un primer momento tuvieron tanto el gobierno nacional de Alberto Fernández con el fallido intento de expropiación como las posteriores opciones planteadas por el gobierno provincial de Omar Perotti.
La intención es “defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras vinculados al aglomerado Vicentín, así como la situación particular de un montón de productores agropecuarios que no recibieron el pago por sus cereales y de los argentinos en general a instancias de la deuda de 18 mil millones de pesos que Vicentín mantiene con el Estado nacional. Hubo una maniobra defraudatoria y también una acción de las anteriores autoridades del Banco Nación permitiendo esta relación crediticia que, a todas luces, fue excesiva”.
Por eso, entiende De Ponti, al igual que la Comision de Seguimiento de la causa Vicentín, cualquier resolución no puede darse con los mismos directivos que la llevaron a esta situación. El juez en lo civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, que entiende en el concurso de acreedores «debe cambiar el rumbo de la cuestión»afirma. » Porque hasta ahora, la justicia obstruyó todas las decisiones que se quisieron tomar»
«Muchas veces el Poder Judicial parece inconmovible frente a las demandas de la sociedad» dijo en otro contexto la diputada De Ponti.
En ese momento se refería a las cuestiones de género. Pero ahora en el caso de Vicentín plantea un escenario similar. «La justicia hasta el momento se posicionó a favor de los intereses de las familias propietarias del grupo»
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