Rubén Pérez del Sindicato del Petróleo y Gas Privados explicó que la Federación Nacional cerró con las cámaras empresariales del gas un aumento del 5,9% correspondiente al trimestre enero-marzo de este año, y un 5% adicional a partir de mayo. El acuerdo incluía también cláusulas de revisión en julio y septiembre.
Todas las empresas del sector cumplieron con lo pactado, salvo YPF, que argumentó que, por tratarse de una firma estatal, debe acatar la directiva presidencial basada en las atribuciones conferidas por la Ley Bases.
Esta situación generó incertidumbre ya que las empresas privadas que cumplen con los acuerdos expresaron su intención de no continuar con los pagos futuros si YPF no se alinea, temiendo una «competencia desleal» lo que puede ocasionar que se rompan todos los convenios salariales recientemente firmados.
La gravedad de la situación se profundiza con las consecuencias directas de la Ley Bases, a la que el dirigente sindical responsabiliza por haber otorgado al Presidente facultades excepcionales. «Hoy el gobierno puede ponerle un tope a los salarios, despedir trabajadores sin causa y hasta impedir que haya medidas gremiales«, señaló. «Se ha atado de pies y manos a los gremios«, agregó, explicando que cualquier acción directa puede ser reprimida y judicializada, lo que limita la capacidad de respuesta de los trabajadores.
La Federación Nacional del sector resolvió que, si el martes 20 de mayo no se revierte la postura del Gobierno y no se garantiza el cumplimiento de los acuerdos firmados, se iniciarán medidas de fuerza a nivel nacional, advirtió Pérez, quien remarcó que la situación es crítica y sin precedentes incluso en comparación con los años más duros de la historia reciente.
El Secretario General del Sindicato del Petróleo, Gas y Biocombustible de San Lorenzo, Rubén Pérez en diálogo con «Un día de Gloria»
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