Una investigación de más de dos años derivó en octubre de 2018 en un allanamiento en San Lorenzo al cabo del cual la Gendarmería detuvo a la mujer apuntada como líder de una banda de al menos 12 personas que cometía los delitos utilizando como base un drugstore de calle Oroño al 800.
Junto con ella fueron detenidas otras 5 personas que fueron indagadas este miércoles por el juez Marcelo Bailaque. Desde el fuero federal detallaron que si bien el intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, no fue citado a indagatoria, sigue vinculado a la investigación.
Los seis detenidos por la causa judicial por explotación sexual a mujeres , a la que se le sumó la de venta de drogas en San Lorenzo prestaron declaración ayer en la Justicia Federal y quedaron detenidos.
El juzgado 4 de los Tribunales Federales de Rosario llevó adelante la investigación disparada por una denuncia radicada en San Nicolás: una joven relató que fue captada por una mujer a la que identificó por su apodo, Mamu. Dijo que se había separado de su pareja en un contexto de violencia de género y recaló, en la búsqueda de un empleo, en el negocio de San Lorenzo. La denunciante apuntó que desde allí se organizaba un negocio ilegal de prostitución y venta de drogas prohibidas. Agregó que incluía a transportistas encargados de llevar a los clientes –la mayoría desde el puerto sanlorencino– y a las chicas hasta tres hoteles también bajo sospecha de integrar la organización.
En el proceso de averiguaciones judiciales aparecieron además testimonios sobre la participación de miembros de fuerzas de seguridad –un policía provincial y un miembro de la Guardia de Infantería– y una posible complicidad del gobierno local con la banda, en este caso como “protector” y garante de impunidad. Las presunciones de encubrimiento llegan hasta la cabeza del Ejecutivo local: Raimundo.
Los fiscales Claudio Kishimoto, de la Fiscalía Federal 2 de Rosario, junto a Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), sostienen que la organización funciona desde al menos febrero de 2017.
Si bien Raimundo no fue citado a declarar este miércoles, sigue vinculado a la pesquisa, y su nombre suena fuerte en varios párrafos del expediente sostuvieron los medios de comunicación en ese momento.
“Esta organización logró garantizar su impunidad desde –al menos– julio de 2017 gracias al accionar del intendente Leonardo Raimundo, el que consistió en garantizar la continuidad de la explotación sexual de mujeres en el inmueble, como así también la impunidad de los miembros de la organización, evitando que el municipio que preside lleve a cabo los debidos controles y disponga la correspondiente clausura del lugar”, dejaron asentado los fiscales del Ministerio Público de la Nación.
Para los fiscales, el intendente radical de San Lorenzo “al menos habría cometido actos en infracción a los delitos de encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
“Su ayuda, concretamente habría consistido en garantizar a los miembros de la organización la continuidad de la explotación sexual de mujeres como así también la impunidad de quienes llevaban a cabo la actividad, a través de acciones tendientes a que ningún agente del municipio que preside lleve a cabo las debidas inspecciones y consecuente clausura del lugar; y lo mismo habría realizado con respecto al personal policial de las diversas fuerzas de seguridad que tienen jurisdicción en su municipio”, consta en la investigación.
“No existen dudas de que la explotación sexual de las víctimas se dio en un local que se encontraba en funcionamiento por falta de control y consecuente clausura por parte del Estado Municipal, pese al conocimiento que el propio intendente tenía acerca de los hechos que ocurrían en el lugar”, afirman los fiscales.
https://www.clarin.com/sociedad/banda-mamu-intendente-varios-policias-involucrados-causa-drogas-explotacion-sexual_0_6CdzyRQC1.html
“Como autoridad suprema del Municipio tenía a su alcance las herramientas necesarias para poder tomar medidas tendientes a poner fin al padecimiento sobre la integridad física y psíquica de las mujeres en situación de explotación y pese a ello, no sólo no tomaron ningún temperamento en tal sentido, aumentando así el riesgo de violencia sexual sobre las víctimas, sino que fomentó aquel padecimiento, en su rol cliente/prostituyente”, añaden los funcionarios judiciales.
En la causa consta el testimonio de una mujer que dice haber conocido al intendente en una cena y que un taxista solía llevarla a la casa del mandatario – en realidad una vivienda que le prestaban en calle Buenos Aires al 300- por las mañanas; afirmó que Mamu, quien se jactaba de tener protección de Raimundo, la obligaba a ir al sostener que de ello dependía la continuidad de su actividad.
Las vueltas de la vida y las causas judiciales trajeron al fiscal Claudio Kishimoto al nuevo Juzgado Federal de San Lorenzo.
El concejal Marcelo Remondino presentó en el Concejo Municipal un pedido -que los concejales oficialistas rechazaron- para que el fiscal Kishimoto se invitado al recinto a que comente sobre el estado de la causa de Soto que hoy día sigue detenida en una cárcel federal de Santiago del Estero.
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