La preocupante noticia de esta semana es que la empresa Vicentin decidió cerrar por seis meses sus plantas de Ricardone y San Lorenzo por la falta de grano para procesar, como consecuencia de la sequía.
La situación que enfrenta toda la industria aceitera, en el caso de la agroexportadora de Avellaneda, se agrava porque desde el default de 2019 no origina mercadería sino que alquila sus plantas a empresas que hoy priorizan sus propias instalaciones.
La empresa informó al SOEA la decisión de paralizar las plantas de San Lorenzo, que tiene una capacidad de procesamiento de 16 mil toneladas diarias, y de Ricardone, que es esencialmente girasolera. Entre empleados directos y contratados, ambas instalaciones ocupan a 1.100 personas, que seguirán cobrando la totalidad de sus salarios.
“Es una situación similar a la que ocurrió allá por 2020, la empresa frena la actividad por falta de materia prima para procesar y los trabajadores realizan guardias pasivas, es decir se quedan en sus casas salvo en los casos en los que están afectados a tareas de mantenimiento”, señaló Daniel Succi, secretario general del Soea.
El representante gremial explicó que, con una cosecha de soja de 22 millones de toneladas, frente a la habitual cercana a los 50 millones de toneladas, las plantas procesadoras están trabajando a muy poco nivel de capacidad instalada. Y son varias las que han parado o desacelerado la actividad en los complejos industriales por falta de mercadería.
En el caso de Vicentin, explicó, la situación se agrava porque las plantas trabajan a “fason”. Es decir que alquilan sus instalaciones para procesar mercadería de terceros. Esto se debe al default de 2019, por u$s 1.500 millones, que minó la confianza de los operadores del mercado, a la vez que la sumergió en un complejo proceso judicial, tanto en lo comercial como en lo penal.
Precisamente, las empresas que procesan bajo esta modalidad en las plantas de Vicentin son las mismas que están interesadas en adquirir sus activos en el marco del proceso de judicial que lleva adelante Fabián Lorenzini. Directivos de la empresa de Avellaneda deslizaron en su comunicación al gremio que la falta de resolución de la convocatoria influye en la imposibilidad de hacerse de mercadería.
Lo cierto es que esa resolución se ve afectada, en primera medida, por las derivaciones de la causa penal por estafa que se sustancia en la Justicia provincial. Pero, además, la situación de mercado provoca que las empresas que “fasonan” en Vicentin priorizan el abastecimiento de sus propias plantas.
Para el diputado Carlos Del Frade, que pertenece a la Comisión Legislativa de Seguimiento del caso Vicentín, se trata de una «extorsión» de la empresa que quiere forzar una resolución del concurso de acreedores.
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